martes, 9 de julio de 2019

Entrevista Causa Galiza

Entrevista en Boltxe a Cris Rodrigues (Causa Galiza) que habla sobre el panorama del independentismo gallego en el sitio web Boltxe:  https://boltxe.eus/2019/07/08/causa-galiza-apostamos-por-una-galiza-autoorganizada-en-transito-al-socialismo/ 

Ofrecemos un extracto:


Cris Rodrigues: Empezamos en 2007. En este momento, existía la posibilidad de un proceso de reforma estatutaria bajo un gobierno de Rodríguez Zapatero en el Estado y con un bipartito PSOE-BNG gestionando la Xunta de Galiza. Ante este escenario, y con un mapa independentista y soberanista muy atomizado, desde lo que se dio en llamar el «independentismo histórico» se vio la posibilidad de establecer un frente común anti-autonomista, que denunciase el eventual proceso de reforma y sus límites estructurales e hiciese una apuesta explícita por el derecho de autodeterminación, la ruptura con el Estado y la soberanía. Esa unidad de acción de mínimos iba, en el fondo, hacia unidades más orgánicas y políticas que fueron imposibles de alcanzar. En 2012, cuando el sector beirista del BNG se escinde, esa crisis impacta en sectores que se agrupaban bajo el paraguas de Causa Galiza, que se desligan de la unidad de acción y se embarcan en lo que con el tiempo será Anova. La recomposición del mapa político nacionalista que estaba en curso y la desaparición de la posibilidad de la reforma autonómica, hicieron que aquella Causa Galiza inicial perdiese su funcionalidad original y se reformulase en dos años como organización política independentista y socialista a partir de los sectores que la constituyeran y con un cuerpo social y político de referencia ya mucho más reducido que el inicial.

Luego vino la Operación Jaro

 Sí. En marzo de 2013 nos constituíamos como organización política, en setiembre se dictaba en la Audiencia Nacional la primera sentencia que decretaba la existencia jurídica de una organización armada ilegal en nuestro país y en octubre de 2015 fuimos objeto de un montaje policial organizado por la Guardia Civil. Básicamente, nos acusaban de ser el «brazo político» de una imaginaria organización armada, Resistência Galega. No existe el menor tipo de prueba en este sentido y, a falta de ella, la Guardia Civil apuntó a nuestra solidaridad con los presos independentistas gallegos, los actos de homenaje a la Revolución Gallega de 1846, o el hecho de aspirar a aglutinar el independentismo que ellos identifican como «radical». Esa operación se salda con 9 detenciones de militantes que, cuatro años después, aún están investigadas en la Audiencia Nacional, y una Operación Jaro II, que afectará al organismo anti-represivo Ceivar, con tres detenciones. Los y las militantes de la primera parte son investigados por «pertenencia» y «enaltecimiento», y los de la segunda por el segundo tipo delictivo. La operación supone además la «suspensión de actividades» de Causa Galiza, que fue de hecho una ilegalización fáctica y se prolongó durante un año. Curiosamente, la propia Audiencia Nacional nos devolvía en 2016 la condición de organización política legal después de dar luz verde a una operación en que, mediáticamente, aparecíamos como «brazo político» de una supuesta organización armada. Dato significativo es que la investigación de la que seríamos objeto desde 2015 tenga una duración temporal superior a la que llevó una causa infinitamente más compleja como el referéndum de autodeterminación de Catalunya. En esta dilación se adivina con claridad una estrategia de desgaste político y de mantener un grupo de cuadros y militantes en una especie de limbo penal, político y personal de manera prolongada. 

Definirnos que es Causa Galiza… ¿Un partido? ¿Un movimiento?… ¿Una unidad popular? 

Causa Galiza es una organización política independentista y socialista, que considera que la conquista de la independencia nacional es la condición previa imprescindible, primero, para superar la dependencia colonial, que es nuestro objetivo prioritario, y segundo, para transformar el modelo socioeconómico actual en dirección al socialismo. Esta prioridad es la que determina hoy todo nuestro trabajo y nuestra política de alianzas y el eje central de todo nuestra intervención.

El reto reside ahora mismo -después de una historia muy marcada por el fraccionalismo, la minorización social en un país con sus señales de identidad y su base material muy agredidas y los efectos de una represión brutal- en construir un proyecto político y una estrategia que doten de referencias claras y confiables ese estado de opinión. Esa tarea es la que, modestamente, con importantes dificultades y con una presión represiva desproporcionada como apuntábamos más arriba, estamos tratando de resolver en estos momentos a través de lo que se llama el Processo Trevinca.

¿Cómo están ahora mismo las relaciones entre diferentes colectivos independentistas en Galiza?

 Es complejo hacer una síntesis. Resumiendo en extremo, lo que tenemos hoy, con seguridad, es que el estado de opinión independentista se encuentra en sus máximos históricos de apoyo al margen de que carezca de un proyecto, una estrategia y una legitimidad sobre las que cristalice este estado de opinión. Luego, existen distintas formulaciones políticas y organizativas, desde Anova y FPG, que se reclamam «independentistas» y mantienen sin embargo vínculos políticos con formaciones que defienden la unidad estatal, como IU y Podemos, por ejemplo, hasta sectores que avalan, críticamente, la estrategia del BNG, que aspira de hecho a un Estado plurinacional, con el reconocimiento formal de nuestra condición nacional y a una elevación del techo competencial, como el Movimento Galego al Socialismo.
En cada caso, estas formaciones tienen sus respectivas organizaciones juveniles y ámbitos de influencia social y sindical de referencia. Nosotros y nosotras, como Causa Galiza, mantenemos relaciones formales con estos sectores y estaremos siempre abiertas y abiertos a iniciativas comunes en clave de país, pero las importantes divergencias teóricas y políticas hacen inviable hoy otro tipo de interacción. Finalmente, existen colectivos que se reclaman «de izquierda revolucionaria» con los que en el pasado se compartieron experiencias organizativas como fue el caso de NÓS-Unidade Popular con el final ya conocido. A pesar de que tanto en unos casos como en otros se mantienen relaciones cordiales, las distintas diagnosis y perspectivas, junto a la inexistencia de espacios comunes, hacen que, hoy, nuestra apuesta se centre sobre todo en la construcción de un proyecto político y una estrategia independentistas con vocación de masas y mayor pluralidad interna sobre las bases de lo que hoy es Causa Galiza.

Los presos independentistas galegos, ¿nos podríais hablar de ellos, de su estado de ánimo y de su situación…? 

Actualmente, después de las últimas detenciones y encarcelamientos en el marco de la Operación Lusista, hay seis presas y presos independentistas integrados en el Coletivo de Presas y Presos Independentistas Galegos (CPIG) y tres independentistas presos que se disociaron de ese colectivo. Antes de la citada operación policial, el Gobierno español, después de años de dispersión, ha trasladado a los presos a centros penitenciarios situados en Galiza y por parte del movimiento antirrepresivo y solidario se trataba de ganar la progresión de grado, el reagrupamiento y la libertad. 

sábado, 15 de junio de 2019

Detención líder RG

Antóm García Matos (San Sebastián, 1966) alias "Toninho", y su pareja María Asunción Losada Camba, son detenidos en el interior del centro comercial A Laxe, en Vigo, por agentes de la Guardia Civil, en el marco de una operación bautizada con el nombre de Lusista, tras trece años de fuga y sendas euroórdenes contra ellos. El primero es considerado líder de Resistencia Galega (RG), la organización armada heredera del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive.
Juan Manuel Sánchez (Joám Manuel Sanches) también fue detenido. 
Al día siguiente fue detenido Miguel García Nogales, un histórico del independentismo radical gallego, en la parroquia orensana de Oxén (A Merca).  Domicilios vinculados a los detenidos fueron registrados durante el fin de semana.
Según algunas especulaciones, los detenidos acababan de llegar de Portugal.

Según el fiscal, el día 14 anterior, en la ciudad de Orense,  García Nogales entregó a Sánchez Rodríguez un sobre con 1.250 euros  "destinados al sostenimiento y adquisición de bienes destinados a 'Toninho' y Losada, que "se  encontraban en la clandestinidad". 
 "Al día siguiente, Sánchez Rodríguez se desplazó hasta Vigo, donde  se había citado con los líderes de la organización. Una vez en el centro comercial en el que habían acordado encontrarse, el acusado  entregó a Losada una bolsa de plástico con el dinero. Ella, por su  parte, le entregó un pen drive. 
En el momento de su detención, que se produjo ese mismo día, los  agentes incautaron a Losada cinco hojas cortadas y grapadas con notas  manuscritas en las que se indicaban las actividades operativas de la  organización a llevar a cabo en fechas próximas y el citado  dispositivo de almacenamiento. 

Los líderes de Resistencia Galega vivieron durante los últimos 4 años en Fornelos y eran los únicos residentes en la antigua comuna hippie abandonada de Baños. Según los habitantes de la zona, eran "unos vecinos estupendos" que bajaban al pueblo a diario donde se mostraban "cercanos, educados y amables". Según los vecinos, Toninho y Asunción llegaron hace unos cuatro años a Fornelos de Montes e inicialmente se instalaron en las casas "okupas" de A Fraga.

El sábado 22 de junio, agentes de la Guardia Civil procedieron al registro a fondo de la vivienda de Fornelos de Montes (Pontevedra) en  la que fueron localizados los dos detenidos. Antón García y Asunción Losada fueron  trasladados desde Madrid a la prisión pontevedresa de A Lama, desde  donde fueron llevados a Fornelos para presenciar el registro. No se localizaron explosivos, pero sí cientos de documentos impresos y en CD que los agentes almacenaron en más de 25 bolsas grapadas. Además encontraron un fusil de asalto Cetme, un arma detonadora y un revolver del calibre 22. Se hallaron, entre otros efectos, munición, 2.475 euros en efectivo, DNI para trasladarse con filiación distinta a la real y anotaciones con información de personas e instalaciones contra los que atentar. 
En el momento de su detención, Asunción Losada Camba portaba un sobre con 1.250 euros y cinco hojas con notas manuscritas en las que se indicaban las actividades operativas de la organización a llevar a cabo en fechas próximas. 

Les asistió como abogado defensor Manuel Quintáns López, detenido el 3 de febrero de 1989 y puesto en libertad el 2-2-1993,  por participar en una acción del Exército Guerrilleiro do Povo Galego que supuso el fallecimiento del guardia civil Benedicto García Ruzo en 1989. Quintans fue detenido de nuevo en julio de 1998 en las proximidades de su domicilio en la ciudad mexicana de Morelia, donde trabajaba en un periódico local, y en 1999 la Justicia mexicana concedió su extradición en noviembre de 2002 y condenado en junio de 2003 a 72 años de cárcel por los delitos de pertenencia a banda armada, detención ilegal, atentado, asesinato frustrado y tenencia ilícita de armas y de explosivos. Durante su estancia en prisión se licenció en Derecho.

Antón García y Asunción Losada (Assunçom Lousada Camba) acumulan hasta nueve acusaciones en su historial y sendas órdenes de búsqueda, siendo la de pertenencia a banda armada con consideración de dirigentes la de mayor peso, pero también la de transporte de explosivos, tenencia de armas y falsedad documental.
En mayo de 1988, los GEO de la Policía detuvieron a Antón (o Antom) Arias Curto, líder del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (EGPGC) y cinco de sus colaboradores: el mayor, de 32 años, era sindicalista de la Intersindical Nacional de Traballadores Galegos (INTG), Miguel Ángel Campuzano Álvarez; el menor, 21 años, Antonio García Matos. En octubre de 1989, García Matos fue juzgado en la Audiencia Nacional por ser supuestamente autor de la voladura de la estatua ecuestre de Francisco Franco en El Ferrol el 27 de julio de 1987.

García Matos fue detenido de nuevo en Santiago de Compostela el 14 de noviembre de 2005 y puesto en libertad dos días después, junto a nueve personas acusadas de asociación ilícita, enaltecimiento del terrorismo, daños y alteración del orden público. Fue la operación Castiñeira, en el marco de la cual fueron registrados además trece locales de carácter social en Vigo, Orense y Santiago. Contra él había una requisitoria en la que ordenaba su búsqueda y captura por terrorismo, acusado de instigar un atentado con bomba en un cajero de Caixa Galicia, en Santiago de Compostela.

El Parlamento gallego intentó el 26 de junio de 2019, sin éxito, aprobar una declaración institucional para felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado por las detenciones. Pero no fue posible porque la vetaron En Marea y el Bloque.
Hubo un cruce de reproches entre Feijóo y la portavoz del Bloque, Ana Pontón, durante la sesión de control. 
Feijóo indicó que Pontón "perdió una gran ocasión" para censurar la actuación de los presuntos terroristas de Resistencia Galega. "En vez de felicitar a los cuerpos de seguridad del Estado, pidió presunción de inocencia y fue más prudente hacia esos dos presuntos terroristas que hacia cualquier rival político que esté imputado", recriminó.
Aprovechó además para volver a criticar la coalición de los nacionalistas gallegos "con el independentismo catalán y los herederos del terrorismo vasco" en las pasadas elecciones europeas.
Entonces Pontón pidió la palabra para subrayar las "acusaciones muy graves" que había deslizado Feijóo. "No nos vamos a callar ante las difamaciones. Este señor nos acusa de terroristas",dijo Ana Pontón desde su escaño.

domingo, 10 de marzo de 2019

Traslado presos

Durante esta semana, tres de las personas condenadas por hechos relacionados con Resistencia Galega fueron trasladadas a cárceles gallegas, tras la decisión adoptada por el Ministerio del Interior y el Gobierno.
Se trata, según diversas fuentes, de los independentistas Roberto Teto Rodríguez Fialhega, Eduardo Vigo Domínguez y Adrián Mosquera Pazos, que cumplían condena en Dueñas-Palencia, Ocaña-Toledo y Mansilla-León, tras haber sido dispersados por distintos penales españoles.