Denuncia agresión

La eurodiputada de AGE (Alternativa galega de esquerda en Europa), Lidia Senra Rodríguez,  presenta un escrito dirigido a la Comisión Europea en el que denuncia una supuesta agresión sufrida por el preso Adrián Mosquera Pazos, vinculado con Resistencia Galega, en la cárcel de Mansilla de las Mulas (León) por parte de un funcionario de este centro.

Según detalla en un comunicado, el preso denunció el caso judicialmente el pasado 25 de abril, indicando que había sido agredido cuando estaba haciendo yoga, provocándole contusiones en la cabeza.

Senra ha instado al ente comunitario a tomar medidas y mostrar su compromiso con la salvaguarda de los derechos humanos, apelando al artículo 4 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que recoge que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

Debate en Parlamento gallego

Se celebra en el Parlamento gallego la última jornada del debate sobre el estado de la autonomía en Galicia. Al igual que el año pasado, el Partido Popular presenta una propuesta de resolución en la que se condena explícitamente a Resistencia Galega:

«El Parlamento de Galicia acuerda manifestar su firme condena a todo tipo de actos de terrorismo, como los ocurridos recientemente en Baralla, y las organizaciones terroristas que ejercen este tipo de actos como Resistencia Galega, así como expresar su rechazo a cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore la violencia terrorista».

La propuesta de condena tuvo el respaldo del  PP, PSdeG, BNG y Grupo Mixto, pero no de AGE.

Al día siguiente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentó la actitud del grupo de AGE y censuró que el "mismo grupo" que quiso reprobarle en una de las propuestas de resolución "non reprueba un grupo terrorista", en alusión a Resistencia Galega.

En su opinión, el debate sirvió para que "os galegos conociesen con claridade que sobre as actuaciós terroristas, de bombas, en Galicia nos últimos meses hai consenso salvo un grupo, formado por Anova-IU"

Por su parte, el diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Antón Sánchez aseguró que es un "sentir xeneral" en la coalición que "poñer unha bomba" en la casa de todos los ciudadanos en Baralla fue "unha animalada", pero advirtió de que no están en el Parlamento para "entrar a xogar no teatro do PP" con el terrorismo. 

Preguntado por el voto negativo de AGE a la iniciativa de condena a Resistencia Galega promovida por los populares, Antón Sánchez señaló que su grupo propuso una transacción a los populares que "ampliaba" su propuesta, pero no fue aceptada. Tras advertir de que el no estaba en la Cámara gallega para hacer "circo ou teatro", señaló que habrá que preguntar al PP "por que votou en contra dunha iniciativa para fomentar a cultura de paz", que permite "resolver os problemas de violencia dende a base", y que promovía AGE. 

Juicio contra Eduardo Vigo

Se celebra en la Audiencia Nacional el juicio contra Eduardo Vigo Domínguez acusado de ayudar en la confección de un artefacto explosivo con fines terroristas, ya que sus huellas aparecieron en un guante incautado en un coche en el que su hermano y otra persona transportaban un artefacto explosivo. El acusado reconoció que el guante era de su propiedad.

Los dos pasajeros del coche, José Manuel Sánchez Gorgas y su hermano Santiago Vigo Domínguez, fueron condenados a cuatro años de prisión por el Tribunal Supremo por planear colocar una bomba en Porto do Son el 14 de diciembre de 2007.

Los familiares y amigos de Vigo vitorearon al acusado al inicio y el final de la vista y desplegaron una pancarta en la puerta de las dependencias judiciales con la leyenda 'Que voltem a casa!'.


La Audiencia Nacional absolvió a Eduardo Vigo de un delito de confección de aparato explosivo con finalidad terrorista al no quedar indubitadamente acreditado que participara en la fabricación de la bomba que les fue incautada en un coche a otros dos independentistas gallegos.


.- Un debate sobre los incendios forestales que se celebraba en el Parlamento de Galicia durante la sesión de control acabó en un cruce de insultos y descalificaciones entre el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y la coportavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Yolanda Díaz.

Feijóo llamó a los diputados de la oposición a aclarar "de parte de quién estaban", si de los que queman el monte o de quienes apagan el fuego.

"`De los terroristas! `Nosotros ponemos bombas, Feijóo!", replicó en tono irónico y enfadada Yolanda Díaz, en referencia al apoyo a Resistencia Galega que le atribuye el Partido Popular.

Feijóo concluyó diciendo que considera "lamentable" que un grupo político "esté a favor" de Resistencia Galega.

Ese mismo día,  el líder de Anova y portavoz parlamentario de AGE, Xosé Manuel Beiras, en una entrevista concedida a TVG, afirmó que no está probada la existencia de Resistencia Galega y atacó a la Audiencia Nacional: «Pasei os primeiros corenta anos da miña vida baixo o franquismo e a sala esa da Audiencia Nacional é idéntica ao Tribunal de Orden Público».

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez  Feijóo, declaró el día 27 que "justificar el terrorismo es repugnante" y afirmó que "en Galicia no hay espacio para ser demócrata y no condenar a los violentos", concluyendo que  "los demócratas nunca, nunca, nunca pueden disculpar actos terroristas".

Beiras vuelve a hablar de RG

Rueda de prensa en Santiago de Compostela, del portavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xosé Manuel Beiras, en la que se refirió de nuevo a la condena por terrorismo contra miembros de Resistencia Galega criticando la aplicación de "leyes de excepción anticonstitucionales" por "tribunales de excepción" contra personas que "aún no mataron a nadie".

Beiras afirmó que el uso de explosivos es "absolutamente condenable", pero criticó lo que considera una falta de "igualdad" de trato a los ciudadanos ante la ley.

Al día siguiente continuó la polémica y Beiras tuvo que condenar de nuevo la utilización de artefactos explosivos pero afirmó que hay jóvenes que piensan que "solo una acción heroica puede cambiar las cosas" y no les importa ser "mártires". La portavoz PP gallego, Paula Prado, le contestó afirmando que mientras Beiras "se solidariza con las familias de los terroristas, el PP lo hace con las víctimas".

El día 29, en una entrevista concedida a la Radio Galega, Beiras criticó la existencia de "un interés por montar un culebrón" sobre la existencia de Resistencia Galega para "intentar desviar la atención de los graves problemas" que padece la ciudadanía "debido a un gobierno que actúa contra los ciudadanos, causa miseria y agrede a los más débiles". "Se trata de inventarse un enemigo inexistente para decir otra vez que el nacionalismo es salvaje y terrorista" y aseguró que sus declaraciones sobre los cuatro jóvenes condenados por la Audiencia Nacional por pertenecer a esta organización "no causaron ningún malestar" entre sus socios de coalición (Izquierda Unida).


.- Santiago Alba Rico publica en la web Rebelión el siguiente artículo:

Terrorismo gallego


El pasado día 13 de septiembre la Audiencia Nacional condenó a penas de entre 10 y 18 años a cuatro jóvenes independentistas gallegos por participación en “organización terrorista”, por falsificación de documento oficial “con fines terroristas” y -a dos de ellos- por tenencia de explosivos “con fines terroristas”. Lo cierto es que, más allá de las numerosas irregularidades registradas durante el proceso, el tribunal no ha podido probar la comisión de ninguna acción terrorista por parte de los acusados y, a pesar de eso, les ha impuesto las penas más altas contempladas en el código penal. El asunto es que la única prueba de que los jóvenes independentistas son “terroristas” es que pertenecen a “una organización terrorista”, pero la única prueba de que pertenecen a una “organización terrorista” es que son “terroristas”: una tautología viciosa que suspende la racionalidad jurídica y aplica en Galicia, como antes en el País Vasco, el principio de analogía y el derecho penal del enemigo para criminalizar una intención y un programa políticos. Si Resistencia Galega existe y es una organización terrorista, todo lo que hagan los cuatro activistas -junto a otros compañeros todavía libres o a la espera de juicio- es potencialmente “terrorista”: comprar zapatos con “intenciones terroristas”, lavarse los dientes “con intenciones terroristas” y hasta condenar el terrorismo “con intenciones terroristas”. Si la Audiencia Nacional decide que el club filatélico al que pertenezco es una “organización terrorista”, pegar sellos en un álbum -ésta es la lógica- se puede convertir en un delito condenado con 10 años de prisión y hasta con 18, si se prueba que la cola con la que pego los sellos admite un “doble uso” criminal.
No se trata de defender la inocencia de los acusados. Son sin duda culpables de compromiso político equivocado. Si hubieran sido fascistas y hubieran usado gas pruriginoso contra niños tras asaltar un local público, les habrían impuesto una multa por vandalismo. Lo suyo es más grave, claro, porque no habían causado daño a nadie. Las sentencias a los activistas gallegos deberían llenarnos a todos de preocupación, porque es un mensaje fuerte dirigido a todo el espectro de la izquierda del Estado español. Como antes en el País Vasco, como siempre en el País Vasco, se criminalizan no las acciones sino las ideas, los proyectos y los objetivos políticos. Por desgracia, en Galicia y en el resto del Estado estamos más desvalidos y más desprevenidos, y eso hasta el punto de que la atroz noticia de la condena de los activistas gallegos ha pasado casi completamente desapercibida en los medios de izquierdas.

A la preocupación se añade un dolor muy fuerte. Conozco a uno de los condenados y lo considero mi amigo, pero no necesito tener un amigo en prisión para representarme, también como padre, lo que significa una pena injusta y desproporcionada aplicada a cuatro jóvenes sensibles y comprometidos cuyas carreras y proyectos personales quedan de pronto despiadadamente rotos. Sorprende un aparato judicial, apoyado constitucionalmente en la idea de la reintegración social, que utiliza los márgenes de discrecionalidad que le permite una ley demencial para ensañarse con los más jóvenes, los más solidarios, los más conscientes y politizados, mientras utiliza esos mismos márgenes para liberar o aliviar la suerte penal de aquellos a los que más convendría, desde un punto de vista pedagógico, la estancia en prisión: banqueros y políticos, cuyo desprecio por la gente e insensibilidad moral se ajusta más al medio carcelario.

Siento dolor desinteresado, puramente humano, y también una inquietud interesada. Mi amigo encarcelado podría ser mi hijo. Quiero decir que a mi hijo podría pasarle algo parecido y a los hijos de la mayor parte de mis amigos y a mis propios amigos, todos ellos comprometidos en proyectos políticos equivocados. Y podría pasarme también a mí. Puede pasarnos, en realidad a todos en un marco estatal en el que el Derecho está lleno de agujeros por los que sólo se deslizan, como en un colador, los menos peligrosos, los menos dañinos, los más vulnerables, los más débiles, los más pobres, los más comprometidos, los más sensibles y los potencialmente más beneficiosos para la democracia y la sociedad -mientras los verdaderamente destructivos se sostienen en la red, y tanto mejor y con tanta más arrogancia cuanto más arriba están.

Si hicieran falta otras pruebas y no fueran a venir más, la condena a penas escalofriantes, disparatadas, de los cuatro activistas gallegos bastaría para demostrar que casi todos vivimos en una situación de libertad provisional. Defender la democracia y el derecho de quienes quieren imponer la ley de la selva, la represalia y el implacable nacionalismo español -y la victoria de clase- como único horizonte posible, es cada vez más un imperativo ciudadano común, por encima de los alineamientos ideológicos. Mi solidaridad con los activistas y sus familias, en cuyo pecho me estremezco y me indigno desde aquí.

Declaraciones responsables políticos

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha aseverado que la denominada 'Resistencia Galega' es una organización terrorista, al tiempo que ha manifestado que espera que así lo considere la Audiencia Nacional e imponga a los acusados de pertenecer al grupo las penas que les corresponda.

   "Tenemos la suficiente experiencia en España después de muchos años en saber a qué se dedican unas personas que ponen bombas como para intentar a esto calificarlo de otra manera. Hemos vivido muchos años muy tristes de violencia y terrorismo como para hacernos nosotros mismo trampas al solitario", ha sentenciado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que ha presentado la campaña 'Mi casa a salvo'.

   Según el secretario de Estado, está claro que se trata de una organización terrorista ya que tiene "objetivos", "división de tareas", "comandos" y usa artefactos explosivos. "No estamos ante hechos aislados sino ante acciones delictivas grupales", ha señalado, para insistir en que "no estamos ante nada que se pueda calificar de otra forma" que de "organización terrorista".

   En este sentido, ha tachado de "lamentable" y "fuera de lugar" cualquier intento "de hacerlos pasar por otra cosa". "Que nadie pretenda desde la óptica política o la que sea hacer que esto pase por ser lo que no es", ha advertido.

   "Esto es terrorismo y por tanto merece la reacción penal que merece siempre el terrorismo, y por supuesto, la más absoluta y firme condena desde las instancias políticas. No se me ocurre otra forma de entenderlo", ha sentenciado.

.- El delegado del Gobierno, Samuel Juárez, reiteró sus críticas a los dirigentes de los dos grupos nacionalistas por sus «ambigüedades y posiciones intermedias». «Me preocupan ciertas actitudes del BNG y de AGE, y me gustaría que tuvieran una postura de condena clara contra Resistencia Galega». En una entrevista con Fernanda Tabarés en el programa Vía V, de V Televisión, el delegado del Gobierno volvió a emplazar a AGE y al BNG a «llamar a las cosas por su nombre y a aceptar que lo de Resistencia Galega es terrorismo». Juárez recordó que a esa organización se le atribuyen varios atentados con explosivos que solo causaron daños materiales, pero podían haber provocado «daños a personas» .

Manifiesto en solidaridad con presos

La coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE), que lidera Xosé Manuel Beiras, se adhiere al manifiesto ciudadano en defensa de los cuatro activistas gallegos que serán juzgados por su presunta pertenencia al grupo terrorista Resistencia Galega, así como por tenencia de explosivos y por falsificación de documentos.

AGE se suma así a fuerzas independentistas como la FPG, Nós-UP, Causa Galiza o a sindicatos como la CUT, CNT y CIG, que respaldaron el manifiesto en favor de los detenidos Eduardo Vigo, Roberto Rodrigues, Maria Ossório y Antom Santos.

A través de una nota de prensa, Alternativa denuncia la aplicación de «medidas xurídicas de excepción» a los presos independentistas, así como una completa «ausencia de respecto» de sus garantías constitucionales.

Denuncia esta formación parlamentaria que la «dispersión» a la que fueron sometidos estos presos, unido a que estuvieron en prisión «durante máis dun ano sen xuízo» y a que se quebró «calquera presunción de inocencia», no aseguran que se pueda celebrar un juicio justo en la Audiencia Nacional, a la que en el manifiesto firmado se considera un «tribunal de excepción» que responde «a directrices políticas» del Gobierno y que «carece das mínimas garantías xurídicas esixibles».

Dos días más tarde, el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, manifestó que "el único crimen que cometieron es ejercer indignación" y que a eso "se le llama terrorismo"; también criticó que estas personas estén "sometidas a una situación límite que conculca absolutamente las normas internacionales".

Ante ello, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, criticó lo que calificó como “elogios” del portavoz de AGE en el Parlamento gallego, Xosé Manuel Beiras, al grupo Resistencia Galega. Feijóo indicó que aguarda que los portavoces de los distintos grupos digan lo que se vive “cada vez que hay un atentado o explota un artefacto en cualquier inmueble o calle de Galicia”. Señaló que supone que “sabrán defender” a las personas, ciudadanos y profesores que sufrieron este tipo de artefactos en sus casas.
“Y sobre los elogios de Beiras a RG solo puedo decir que Galicia sabe lo que opina sobre este grupo violento y que provoca actos violentos y que se juzga por terrorismo”, dijo.
Por este motivo aseguró, recordando recientes desencuentros entre ambos, que “a veces” prefiere que le descalifique a que le elogie. “Si elogia a RG estoy convencido de que puede ser uno de los excepcionales gallegos que puede elogiar actos de vandalismo, de violencia y de terrorismo en Galicia”, afirmó.
Por su parte, la portavoz del PPdeG, Paula Prado, calificó de “indecentes” las palabras de Beiras “en las que justificaba la tenencia de explosivos y la falsificación de documentos públicos”.
La popular vio lamentable que para Beiras “las decisiones de un gobierno justifiquen acciones violentas”, y recordó que Resistencia Galega “es una organización terrorista que utiliza artefactos explosivos para quemar oficinas bancarias pero también sedes de partidos políticos”.
Por ello, Prado confió en que la declaración de Beiras la ejerza “en calidad de testigo y no como parte de la defensa”. “Resulta grave autodefinirse como líder antisistema cuando se lleva cobrando casi 30 años de él, pero más aún lo es beneficiarse del sistema mientras se justifica y ampara a quienes quieren derribarlo a golpe de explosivo”, dijo.

El manifiesto apareció en la Plataforma en Internet de peticiones Change.org dos días antes:


Manifesto Cidadám de Solidariedade com os independentistas julgados em Madrid



   Os agentes sociais, sindicais e políticos que assinamos esta declaraçom queremos transmitir à sociedade galega, à vista do juízo de quatro independentistas galegas a celebrar na Audiencia Nacional de Madrid Nos próximos dias 24 e 25 de junho, as seguintes questons que provocam em nós profunda preocupaçom e consideramos da máxima importáncia:


1ª Denunciamos a excecionalidade jurídica a que estám submetidos os cidadáns galegos Eduardo Vigo Domínguez, Roberto Rodrigues Fialhega e Antom Santos Peres, presos sem se celebrar o seu juízo desde há ano e meio e dispersados a centos de quilómetros dos seus lugares de residência num incumprimento flagrante da legislaçom e dos convénios e acordos internacionais assinados polo Estado espanhol nesta matéria que reflitem, com absoluta claridade, que nengum preso ou presa pode permanecer encarcerado longe do seu lugar de residência e contorna social.


2ª Queremos exprimir a nossa solidariedade e afecto aos familiares dos independentistas presos e denunciar a extorsom económica à que som submetidos como resultado da dispersom penitenciária, que se traduz num gasto semanal insustentável para deslocar-se a prisons situadas a centos de quilómetros e poder visitar, durante só 45 minutos, os seus seres queridos. Além desta extorsom, sumemos o esgotamento físico e o risco de acidente em estradas durante meses e anos e compreenderemos que esta situaçom, além de ilegal, é inumana.


3º Preocupa-nos o intenso impulso político que adivinhamos neste juízo, com petiçons que alcançam 64 anos de cárcere para a e os independentistas julgados e a certeza de que, como tribunal de exceçom que é, a Audiencia Nacional responde a directrizes políticas e carece das mínimas garantías jurídicas exigíveis, como já denunciárom organizaçons de direitos humanos e instáncias internacionais.


4ª A nossa preocupaçom alcança o zénite ante a possibilidade de que este tribunal ditamine nesse juízo a existência dumha “organizaçom terrorista” na Galiza da que supostamente fariam parte os processados e a processada Maria Ossório. Esta é, de fato, junto às desorbitadas penas solicitadas, a questom essencial a dirimir e a que possibilita semelhantes petiçons. Valoramos que a formalizaçom jurídica da existência desta suposta “organizaçom” é umha estratagema do Estado para abrir as portas à criminalizaçom do soberanismo, facilitando detençons, ilegalizaçons e o agravamento do já de por si agudo déficit democrático que suportamos.


   Neste sentido, chamamos à sociedade a valorizar e reivindicar os pontos acima expostos e a estar alerta ante a eventualidade de que, no que pode ser unha aplicaçom em Galiza do que se conhece como Direito Penal do Inimigo, o juízo dos dias 24 e 25 dé pé a umha volta de porca na repressom política contra a ideologia e as organizaçons soberanistas e independentistas que seria de todo ponto de vista antidemocrática e inaceptável.

Organizaciones y colectivos firmantes:

Adiante
Agir
Assembleia da Mocidade Independentista (AMI)
Briga
Causa Galiza
Causa Obreira
Ceivar
CIG-Servizos
CNT-Compostela
Coletivo Nacionalista de Marin (CNM)
Comités
Conas Ceives
Central unitaria de traballadoras/es (CUT)
C.S Aturuxo
C.S. Mádia Leva!
C.S. Revira
C.S. Sem Um Cam
C.S. Xebra!
Federación Rural Galega (Fruga)
Frente Popular Galega (FPG)
Fundaçom Artábria
GalizaLivre
Galiza Nova
Isca!
Liga Estudantil Galega (LEG)
Mulheres Nacionalistas Galegas (MNG)
Movemento pola Base (MpB)
NÓS-Unidade Popular (Nós-up)
Organizaçom para a Liberaçom Nacional (OLN)
Rede Feminista Galega
Siareiras Galegas
Silveira

Discusión en Parlamento gallego

Discusión en la Comisión Primera del Parlamento de Galicia de una iniciativa presentada por Francisco Jorquera (BNG) sobre política penitenciaria (publicada en el BOPG del 6 de marzo).

Jorquera instó al Gobierno central a acercar los presos del grupo Resistencia Galega (RG), a finalizar el "régimen de incomunicación" durante las detenciones, a evitar el uso "sistemático" del régimen cerrado y el abuso de la prisión preventiva, y a aplicar el Protocolo Garzón contra la tortura.

La iniciativa contaba con el apoyo del Partido Socialista de Galicia y de Alternativa Galega Esquerda.

El diputado del PP Alberto Pazos se declaró en "shock" por la postura del Bloque y, sobre todo, por escuchar a Francisco Jorquera y a diputados de AGE negar que existiese terrorismo en Galicia,; estos contestaron denunciando el "abuso" en la política penitenciaria estatal. Ante esas declaraciones, el popular les pidió "darse un paseo por algunas de las sedes humeantes del PP después de un estallido de esos aparatos que colocan estos angelitos que tanto les preocupan".

Jorquera explicó que su formación, con "firmes convicciones democráticas y pacifistas", defendía su propuesta para que se respeten los derechos elementales de "todas las personas", punto con el que coincidió la socialista Beatriz Sestayo, y lamentó el intento de crear una "alarma social infundada sobre la presunta existencia de terrorismo en Galicia". "No está probada la existencia de ninguna organización terrorista en Galicia", añadió Jorquera, que en enero se reunió con la plataforma Que voltem a casa, de apoyo a presos de RG. Yolanda Díaz, de AGE, también negó la existencia de terrorismo en Galicia.

Polémica política

Una propuesta del Partido Popular de Galicia para que el Parlamento gallego condene el "terrorismo en Galicia" provoca la indignación de los grupos de la oposición. Tanto el Partido Socialista de Galicia, como Alternativa Galega de Esquerda y el BNG concuerdan en su repulsa a la violencia pero ven, tras la iniciativa de los populares, una "cortina de humo" para tapar "la corrupción" que salpica al PP.

Entre las declaraciones de los grupos de la oposición, la más dura fue la del portavoz del grupo de AGE, Xosé Manuel Beiras, quien asegura que el PPdeG "no tiene legitimidad moral" para impulsar esta declaración institucional, puesto que "ha boicoteado" en diversas ocasiones una condena al franquismo en las Cortes.

El portavoz socialista, Abel Losada, cuestionó el "criterio de oportunidad" de la declaración institucional, y observa "un criterio interesado de ocultación de otros problemas mucho más relevantes que afectan a los ciudadanos", como el desempleo, la privatización de la sanidad, o los"ataques" a la educación.

Desde el BNG, Carlos Aymerich, que sustituyó al portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, ausente por una cuestión familiar, rechazó que el PP intente "magnificar un problema" que entre los gallegos no se sitúa entre las mayores preocupaciones. De esta manera, ha desconfiado de las intenciones y que pueda tratarse de una "cortina de humo" para "no hablar de la corrupción "en la que el PP está metido hasta las orejas".